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La futura Ley de Régimen Local regulará la declaración de bienes y dará mayor control a los grupos minoritarios

(EP).-El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, anunció ayer que la futura Ley de Bases de Régimen Local incluirá una regulación del régimen de incompatibilidades y declaraciones de bienes de los miembros de las corporaciones locales, al tiempo que reforzará el papel de los grupos con participación minoritaria con el objetivo de incorporar mecanismos de "control político" y el principio de "transparencia y buen gobierno" en los ayuntamientos.
Durante su intervención en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Chaves enumeró los cambios que pretende incluir el Gobierno en la redacción de la nueva ley, siendo uno de los más novedosos el establecimiento de una "regulación expresa" del régimen de incompatibilidades y declaraciones de bienes de las administraciones locales.
"Hay que incorporar el principio de transparencia a la información local, así como el del buen gobierno, derivado del derecho fundamental de la buena administración previsto en la Carta de Niza", explicó el ministro, quien añadió la necesidad de "definir con mayor calidad los derechos --políticos y económicos--, deberes y responsabilidades de los representantes locales".
Asimismo, adelantó que la nueva ley impulsará los mecanismos de control político y la transparencia de la acción de gobierno, para lo cual, afirmó, es "necesario reforzar el papel de los grupos políticos con participación minoritaria, dotándolos de las herramientas de control que resulten adecuadas y garantizando también su acceso a la información relevante".
Todos estos mecanismos de control político, continuó Chaves, supondrán también la implantación de códigos éticos y de buen gobierno, así como control del patrimonio y medidas como que los contratos que firme un gobierno local tengan que pasar por el pleno del consistorio en cuestión. En definitiva, subrayó que se trata de "mecanismos de rendición de cuentas y de asunción de responsabilidades ante la gestión".
Aunque defendió la gestión de "miles de concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, que son honestos en su gestión", Chaves reconoció la "alarma social" que han generado los casos de corrupción destapados en corporaciones locales, lo que justifica las iniciativas que enumeró previamente para incluir en la futura Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
Para el ministro, que hizo balance en la Comisión del primer Fondo Estatal de Inversión Local y presentó el segundo, no es que ahora haya más corrupción que antes, sino que en los últimos años se ha investigado más porque el Gobierno "ha dotado de más recursos" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" así como a la Fiscalía Anticorrupción, lo cual, subrayó, "ha dado resultado".
Por otro lado, Chaves también señaló que la futura Ley de Régimen Local debería profundizar en el 'Estatuto del Vecino', de manera que los ciudadanos "sean conscientes de que convivir representa asumir obligaciones, deberes y responsabilidades, pero sobre todo, respetar el entorno y las personas, especialmente los colectivos más desaventajados".
En definitiva, el ministro indicó que después de 20 años de la entrada en vigor de la actual ley, son las "nuevas demandas de una sociedad en permanente transformación, con profundos cambios legales y sociales", los que venían "aconsejando" la elaboración de una nueva regulación.
PREOCUPACIÓN POR LA FINANCIACIÓN LOCAL
Sin embargo, el senador 'popular' Juan Pablo Sánchez le reprochó que en esta legislatura "ocurrirá como en la pasada" y es que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "incumplirá su promesa" de elaborar una nueva Ley de Financiación Local, tan necesaria, dijo, como la futura Ley de Régimen Local.
"Llevamos escuchando lo mismo en los cinco años de Gobierno de Zapatero, pero estamos igual o peor", criticó Sánchez. En su opinión, los planes de inversión aprobados por el Gobierno y representados en los fondos de inversión local no dejan de ser "un parche que no puede sustituir a la demanda de las entidades locales".
El tema de la financiación local y el retraso en la elaboración de una ley que sustituya a la actual fue una preocupación expresada por todos los grupos de la Comisión debido a las dificultades económicas por las que están pasando los ayuntamientos en este contexto de crisis.
Mientras la senadora de UPN María Mar Caballero consideró que la nueva ley tendrá que asegurar la financiación de las entidades locales, el senador de CiU Joan María Roig se felicitó por los efectos del Fondo de Inversión Local, pero subrayó que "no es la solución", sino una "suficiencia financiera" a largo plazo.
Por su parte, la representante de la Entesa Maite Arqué pidió que se tome en cuenta la estructuración de los diferentes modelos de ayuntamientos en esa nueva legislación al expresar su preocupación por "la falta de análisis de la viabilidad económica de los ayuntamientos, tal como se hace en las empresas".
Chaves contestó reconociendo que aunque en estos años todavía no se ha aprobado el nuevo modelo de financiación local, el Gobierno "no ha sido ajeno a la situación de las corporaciones locales". Aún así, adelantó que 2010 será "un año clave" para afrontar la financiación local y para que los ayuntamientos que salgan de las elecciones de 2011 tengan "una configuración estable para realizar su labor".
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
En otro orden de cosas, la Comisión de Entidades Locales del Senado aprobó después de la intervención del ministro una moción presentada por el Grupo Popular por la que insta al Ejecutivo a "elaborar con carácter urgente un Plan Estatal de Inversión Local para Ayudas de Emergencia Social para que las corporaciones locales puedan acometer el previsible aumento de solicitudes de este tipo".
Con los votos a favor de PP y CiU, en contra del PSOE y la Entesa, y la abstención del Grupo Mixto, la moción también pide al Gobierno que dote al citado plan de "financiación suficiente en función de la demanda estimada por los ayuntamientos".
Asimismo, y con una enmienda introducida por CiU, la moción insta a que se refuercen los criterios para aquellos sectores más necesitados de esta ayuda, pero que sea coordinado con las comunidades autónomas.